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22 Septiembre 2006
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«CARTAS LIBERCRÁTICAS»
Los mentecatos felones
 
Rub Al Qab (La voz degenerada)
Antonio
Yuste
EL ARTÍCULO 169, del Reglamento del Congreso, regula la tramitación de la acusación de Traición o delitos contra la Seguridad del Estado. Es un trámite que está previsto en el artículo 102.2 de la Constitución, que establece que la acusación por traición o por cualquier delito contra la Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, contra el Presidente del Gobierno o alguno de sus miembros, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Avanzamos hacia dicha hipótesis. Las últimas revelaciones sobre el atentado del 11M y el proceder del Ministerio del Interior, de sus altos funcionarios, en la conducción de las investigaciones, está dejando en una posición cada vez más comprometida, ridícula y lo que es más grave, al margen de la Ley, a los que sostienen la versión oficial de los hechos, trufada de trapacerías, mentiras, falsedades para alterar el buen nombre de las instituciones democráticas de España, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para confundir a los jueces e impedir que resplandezca la verdad y se persiga a los autores materiales e intelectuales del mayor atentado terrorista de la historia de España.

Puede parecer desproporcionada la acusación de traición contra el Presidente y los miembros del Gobierno, algunos de ellos. La acusación, en cualquier caso, es proporcional a la gravedad de los delitos que se dirimen y el que nos ocupa es el de violencia institucional y engaño masivo para impedir el esclarecimiento de lo acontecido en el 11M, del cual se deriva, hasta el último detective, el más incompetente, llegaría a la misma conclusión, una autoinculpación o cuando menos el delito de encubrimiento del atentado del 11M, que por su envergadura adquiere el tamaño de traición al Estado y a los españoles, a la nación.

Pero mientras tal ley llega, bueno sería arrancar de las burocracias partidarias el compromiso de que darán libertad de voto a todos los diputados para todas las votaciones, sin excepción, devolviendo a los representantes del pueblo, en el mismo paquete, su capacidad de iniciativa legal con las modificaciones pertinentes del reglamento del Congreso
Convendría en todo caso tener presente que la acusación de traición exigiría otro tipo de Partidos Políticos, más respetuosos con los elementos constitutivos del Estado de Derecho, entre ellos, la separación de poderes y lo establecido por el artículo 1.2 de la Constitución que afirma “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, axioma que contravienen al apoderarse de los escaños parlamentarios que consideran de su propiedad, forzando a sus señorías, a los representantes del pueblo, con artimañas y normas irregulares, a la disciplina de voto bajo amenaza de sanción o expulsión del grupo parlamentario, marrullerías varias y presiones de toda índole.

Los representantes del pueblo, son peones de sus jefes políticos, manporreros en la peor acepción de la palabra, y todo ello a pesar de la variada jurisprudencia que afirma que el escaño le pertenece al representante del pueblo. El tiempo pasa, estamos en el siglo XXI y es inconcebible que las burocracias partidarias persigan con denuedo y agresividad la libertad plena a la que tienen derecho sus señorías, para emitir el voto que crean conveniente, sin coacciones de ningún tipo, en cualquier tipo de votaciones. Los puntos de vista que colisionen con la libertad de conciencia, en plenitud, para emitir el voto es contrario al Estado de Derecho.

Libertad de Conciencia, libertad plena, es la que necesitan sus señorías, los representantes del pueblo, para hacer posible que la soberanía, en verdad, resida en el pueblo. La Libertad de Iniciativa Legal es el otro atributo indispensable, indisociable de las competencias naturales de los representantes del pueblo. Sin la cabal y plena libertad para votar en conciencia y para proponer iniciativas legales el representante del pueblo se convierte en un títere y en un pelagatos. ¿Dónde está escrito que la soberanía popular reside en los partidos políticos? Los españoles nos merecemos otra cosa. Los partidos políticos, ninguna sigla se salva, propenden al hurto de los derechos políticos de los representantes del pueblo, que se transforma en la práctica en el saqueo generalizado y masivo de los derechos políticos de los españoles.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel lejano 1978 y nada ha cambiado. Los partidos políticos se siguen comportando como sindicatos mafiosos, compinchados, para el saqueo de los derechos políticos de los españoles, sin nada que los disculpe. El artículo 124.1, título V, capítulo II, sección 2ª, del Reglamento del Congreso, establece que las proposiciones de Ley del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa de un diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara. ¿Por qué 14, a cuento de qué?

¿Si los representantes del pueblo, por sí mismos, no tienen capacidad legal para realizar propuestas de Ley, puede alguien explicar para qué diantres se les elige?, ¿por qué se tolera que las burocracias partidarias extorsionen a los representantes del pueblo, a sus señorías, forzándoles a votar como sus jefes dictan y no como sus electores quieren?, ¿para qué se las elige? Sería más honrado por parte de los partidos políticos no presentar listas provinciales, ¿para qué? Lo lógico es que concurrieran los jefes políticos en solitario por todos los escaños del congreso, que ocuparía designándo posteriormente, a dedo, en función de los resultados obtenidos, a sus correligionarios y empleados. Nos ahorraríamos la pantomima democrática en la que estamos sumidos. ¿Dónde está mi congresista o mi senador? No lo tengo. Los diputados y senadores de mi circunscripción ni me reciben ni me representan, representan a sus jefes políticos y hacen los que ellos deciden.

Si la democracia española lo fuera con plenitud, ejercitar la acusación de traición en el Congreso no tendría que estar sometido, necesariamente, al mandato de los jefes de los respectivos grupos parlamentarios. Los partidos políticos tienen que aceptar que los diputados una vez electos se convierten en representantes de los electores de su circunscripción, a los que se deben. Para mejorar dicha representatividad convendría y mucho mejorar la calidad de nuestra desastrosa ley electoral. Pero mientras tal ley llega, bueno sería arrancar de las burocracias partidarias el compromiso de que darán libertad de voto a todos los diputados para todas las votaciones, sin excepción, devolviendo a los representantes del pueblo, en el mismo paquete, su capacidad de iniciativa legal con las modificaciones pertinentes del reglamento del Congreso.

España, España entera, no puede ser aplastada para que quepa en el cerebro de zETAp, Rajoy, Llamazares, Artur Mas, Josu Imaz o Anxo Quintana, por muy inteligentes que puedan parecernos. La democracia española necesita oxígeno y viento fresco. La sindicación de los partidos políticos para intentar impedir que sus señorías expresen lo que creen más conveniente sobre el 11M, es depravación en estado puro, es una conducta felona y mentecata que no se puede volver a repetir. España necesita una Ley que pueda perseguir penalmente las normas y procedimientos que despliegan los partidos políticos, cualesquiera, tendentes a extorsionar la libertad de voto y de iniciativa legal de los representantes del pueblo.

Debe permitirse a sus señorías que se agrupen parlamentariamente del modo que crean más conveniente, considerando la afinidad de ideas y objetivos, pero en ningún momento dicha afinidad puede sobreponerse sobre los derechos políticos de los españoles. Los candidatos una vez electos pertenecen al pueblo y en segundo lugar, de manera subordinada, a las formaciones políticas por las que fueron elegidos. Invertir el orden es prevaricar y torcer el Estado de Derecho. La suerte del
Estatut, por ejemplo, hubiera sido muy distinta en el trámite parlamentario con libertad de voto y si estuviera muy perseguido y penalizado el amendrantamiento y extorsión de los representantes del pueblo por parte de sus jefes políticos a través de las burocracias partidarias.


El día 26 de septiembre, martes, más | ANTONIO YUSTE
Erika Licea Kane
Más B 16
DIPTERIUM 1. Occidente necesita más vitamina B 16 (Benedicto XVI). Tenemos poco a lo que acogernos. Solo nos queda el Papa. El sentido común está desaparecido, en busca y captura. Nuestro liderazgo político nos ha abandonado, nos ha rendido al islamista déspota y asesino. Los islámicos no disimulan que se dejan representar por la voz de la Yihad Islámica. Estamos a las puertas de una guerra teológica planetaria: “tu Dios no es mejor que el mío”. Al grito de ahoraverásgüevón, occidente terminará levantándose en armas contra la amenaza islámica. ¿Qué papel jugará la actual clase política en dicho levantamiento? Ninguno. Eso sí, el ala oportunista, chafardera, amoral y truculenta de la actual clase política, tipo Rub Al Qab, cambiarán de un día para otro la kefia por el rosario e intentarán ponerse al frente de las turbas populares. Serán arrollados y pisoteados. ¿Quién dirijirá, entonces, dicho levantamiento? Benedicto XVI no. Ya lo ha dicho. Él implorará por los que se levantan, rezará por nosotros. Tampoco está tan mal. Estamos solos.
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